[/caption]Las comunidades organizadas generalmente no se pronuncian en contra de algo simplemente porque quieren, sino porque sienten serias amenazas contra su vida, su bienestar y su sobrevivencia. El 23 de junio del 2007, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, se realizó una consulta comunitaria, en la cual 46 mil 479 personas rechazaron rotundamente la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en el territorio. Sólo nueve personas votaron a favor. Sin embargo, dos años después, personas extranjeras llegaron a la zona a medir caudales y terrenos cerca del río, y abrieron una brecha que dañó los cultivos de los habitantes del lugar. Sería la empresa española Econer-Hidralia, que posteriormente se reconvertiría en Hidrosantacruz, la que promovería luego allí su proyecto hidroeléctrico Cambalam. Las comunidades iniciaron un proceso asambleario y un cabildeo político con las autoridades locales, con un resultado claro: nadie quería a la empresa en su territorio. Quedan como testimonios los resultados de la consulta comunitaria del 2007 y las actas y documentos firmados en esas reuniones. Sus razones para oponerse fueron las de “siempre”, porque los mecanismos de expropiación son los de “siempre”: en el río que circunda al área urbana existen tres cataratas en secuencia y estas son utilizadas por las comunidades como balneario, centro de recreación y centro ceremonial, así como para su uso cotidiano y siembra. Según el proyecto, el agua sería canalizada 2.5 kilómetros, lo cual secaría las cataratas y causaría severos impactos humanos y ambientales.
Primero, la empresa ofreció energía eléctrica a los pobladores del área, pero después se confirmaría lo falso de este ofrecimiento, porque el propósito real era obtener energía que se interconectaría para la exportación. Segundo ofrecimiento: dar a cada una de las 19 comunidades Q30 mil por año. Ante la negativa de las comunidades, la estrategia fue comenzar a dividirlas —un “divide y vencerás” que nos sabemos de memoria desde la guerra—. Siguiente paso: la empresa comenzó a perseguir legalmente a líderes comunitarios que se oponían y a comprar algunas tierras a la orilla del río de quienes estaban a su favor. A finales del 2009, la empresa había encausado 10 denuncias contra líderes comunitarios, por incitación, entre otros cargos.
La municipalidad escuchó las demandas de las comunidades y por medio de actas expresó también su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica, pero la empresa presentó una acción legal en contra de la municipalidad y el juzgado resolvió a favor de la empresa, diciendo que no corresponde a la municipalidad dictaminar en estos casos, por falta de reglamento de construcción municipal. Junio de 2011: la empresa empieza a cercar la orilla del río, llega gente armada que intimida y amenaza de distintas maneras a la comunidad, cierran el paso a las cataratas, a comunidades vecinas y a trabajadores del campo. Noviembre 2011: después de agotar los canales de denuncia ciudadana pacífica y frente a los abusos de la seguridad de la empresa, las comunidades optan por expulsarla y destruir parte del cerco.
Enero 2012: solo cinco días después de una reunión entre las nuevas autoridades y el representante de la empresa, para sorpresa de la población, comienza a llegar maquinaria pesada para iniciar la construcción del proyecto. La “turba enardecida” se va a golpes contra la maquinaria. La semana pasada, en el contexto de la feria titular, tres pobladores fueron alcanzados por las balas que supuestamente dispararon desde un picop miembros de seguridad de dicha empresa. En el ataque muere Andrés Francisco Miguel y quedan heridos Esteban Bernabé y Antonio Pablo, uno de los demandados por no querer vender su tierra. Cinco mil personas en el parque se dirigieron al hotel La Estancia, en donde se hospedaban los miembros de la seguridad de la empresa. No había ninguno porque, aparentemente, se habían escondido en el destacamento militar. Hoy, estado de Sitio en el lugar y varios detenidos. El ejército ha tomado el control. ¿Qué hay de nuevo en esta tierra?
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