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Foto Archivo[/caption]
Un ex capitán del ejército, actual empleado del área social de la empresa Hidro Santa Cruz, está ofreciendo la libertad de varios detenidos a cambio del apoyo a la construcción de una hidroeléctrica en Barillas, Huehuetenango. Lo anterior fue denunciado esta mañana por representantes del Consejo de Pueblos de Occidente.
En una conferencia de prensa además dieron a conocer que la población de ese municipio sigue viviendo en zozobra por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y se siente intimidada por las reuniones que realizan instituciones del Estado relacionadas a protección de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas (COPREDEH y CODISRA), junto a la empresa, a fin de que la gente muestre su respaldo a la empresa exportadora de energía.
Prensa Libre, diario de circulación nacional guatemalteco, informó este lunes que Juan Roberto Garrido Pérez realiza reuniones con vecinos de Barillas a fin de explicarles las ventajas de la hidroeléctrica, “es la puerta al desarrollo”. Este empleado, egresado de la Universidad Galileo donde estudio Tecnología y Administración de Recursos, aseguró que están avanzando en los diálogos con pobladores, quienes rechazan esa obra sin conocer los beneficios que les traerá.
Cabe señalar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hace un par de años vinculó a Garrido a una red del crimen organizado. Según la revista El Observador, al ex capitán del ejército se le retiró la visa estadounidense por su presunta vinculación en hechos delictivos.
Por su parte, los abogados Sergio Beltetón y Carlos Manuel Bezares informaron que existe una resolución judicial favorable para diez detenidos, a quienes el Consejo de Pueblos de Occidente nombra presos políticos, ya que se demostró que fueron capturados el 2 de mayo sin apego a los procedimientos de ley, aplicando condiciones de un Estado de Sitio, el cual fue impuesto dos días después.
A decir de ambos abogados, se han dejado sin efecto 10 órdenes de captura contra vecinos de Barillas, por lo que procede dejarlos en libertad dado que el juez Fernando Pérez Zamora declaró que no existen fundamentos de hecho ni de derecho contra ellos. Eso significa, precisaron, que eran falsas las acusaciones de terrorismo, delitos contra vías públicas e incendio agravado.
La detención de estos representantes comunitarios, además de privarlos de su libertad de manera arbitraria, ha provocado otras afectaciones en sus familias, ya que ellos se vieron impedidos de aportar recursos incluso para alimentación. Esto fue denunciado desde junio pasado por sus esposas, entre quienes -por el impacto del Estado de Sitio- sufrieron un aborto o se les fue la leche cuando amamantaban a sus pequeños.
Más de tres meses tuvieron que transcurrir para que se demostrara la serie de irregularidades cometidas durante esas detenciones, pero el proceso aún sigue. La pregunta ahora es: quién dará un resarcimiento por todo el daño causado.
El presidente de la República, el general retirado Otto Pérez, decretó Estado de Sitio durante varias semanas en el municipio de Barillas, fronterizo con México, luego de las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar el uno de mayo tras la agresión armada contra tres líderes comunitarios, efectuada por empleados de la empresa hidroeléctrica.
Rafael González, también líder del Comité de Unidad Campesina, afirmó que el Estado de Sitio dejó secuelas en la salud mental de niñas, niños, ancianas, ancianos y mujeres, quienes fueron aterrorizados por la presencia de las fuerzas armadas, como ocurrió durante la guerra contrainsurgente que tuvo lugar en la década de los ochenta.
En 2007, en Barillas se realizó una consulta comunitaria en la que más de 46 mil personas rechazaron los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Sin importar la opinión de las comunidades, el gobierno de Guatemala autorizó un año después el proyecto Canbalam I a la empresa española Hidro Santa Cruz, S. A.
El Consejo de Pueblos de Occidente, integrado por varias organizaciones y comunidades que defienden el territorio, hizo un recuento de daños sufridos por la población de Barillas: el asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel, las lesiones de bala contra dos vecinos (Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé), diez detenidos acusados de terrorismo, así como 23 órdenes de captura más contra lideresas y líderes comunitarios.
Actualmente se sigue proceso contra dos empleados de la empresa española como presuntos culpables de la agresión a tiros que sufrieron los líderes comunitarias arriba mencionados.
América Latina
Foto Archivo[/caption]Un ex capitán del ejército, actual empleado del área social de la empresa Hidro Santa Cruz, está ofreciendo la libertad de varios detenidos a cambio del apoyo a la construcción de una hidroeléctrica en Barillas, Huehuetenango. Lo anterior fue denunciado esta mañana por representantes del Consejo de Pueblos de Occidente.
En una conferencia de prensa además dieron a conocer que la población de ese municipio sigue viviendo en zozobra por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y se siente intimidada por las reuniones que realizan instituciones del Estado relacionadas a protección de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas (COPREDEH y CODISRA), junto a la empresa, a fin de que la gente muestre su respaldo a la empresa exportadora de energía.
Prensa Libre, diario de circulación nacional guatemalteco, informó este lunes que Juan Roberto Garrido Pérez realiza reuniones con vecinos de Barillas a fin de explicarles las ventajas de la hidroeléctrica, “es la puerta al desarrollo”. Este empleado, egresado de la Universidad Galileo donde estudio Tecnología y Administración de Recursos, aseguró que están avanzando en los diálogos con pobladores, quienes rechazan esa obra sin conocer los beneficios que les traerá.
Cabe señalar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hace un par de años vinculó a Garrido a una red del crimen organizado. Según la revista El Observador, al ex capitán del ejército se le retiró la visa estadounidense por su presunta vinculación en hechos delictivos.
Por su parte, los abogados Sergio Beltetón y Carlos Manuel Bezares informaron que existe una resolución judicial favorable para diez detenidos, a quienes el Consejo de Pueblos de Occidente nombra presos políticos, ya que se demostró que fueron capturados el 2 de mayo sin apego a los procedimientos de ley, aplicando condiciones de un Estado de Sitio, el cual fue impuesto dos días después.
A decir de ambos abogados, se han dejado sin efecto 10 órdenes de captura contra vecinos de Barillas, por lo que procede dejarlos en libertad dado que el juez Fernando Pérez Zamora declaró que no existen fundamentos de hecho ni de derecho contra ellos. Eso significa, precisaron, que eran falsas las acusaciones de terrorismo, delitos contra vías públicas e incendio agravado.
La detención de estos representantes comunitarios, además de privarlos de su libertad de manera arbitraria, ha provocado otras afectaciones en sus familias, ya que ellos se vieron impedidos de aportar recursos incluso para alimentación. Esto fue denunciado desde junio pasado por sus esposas, entre quienes -por el impacto del Estado de Sitio- sufrieron un aborto o se les fue la leche cuando amamantaban a sus pequeños.
Más de tres meses tuvieron que transcurrir para que se demostrara la serie de irregularidades cometidas durante esas detenciones, pero el proceso aún sigue. La pregunta ahora es: quién dará un resarcimiento por todo el daño causado.
El presidente de la República, el general retirado Otto Pérez, decretó Estado de Sitio durante varias semanas en el municipio de Barillas, fronterizo con México, luego de las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar el uno de mayo tras la agresión armada contra tres líderes comunitarios, efectuada por empleados de la empresa hidroeléctrica.
Rafael González, también líder del Comité de Unidad Campesina, afirmó que el Estado de Sitio dejó secuelas en la salud mental de niñas, niños, ancianas, ancianos y mujeres, quienes fueron aterrorizados por la presencia de las fuerzas armadas, como ocurrió durante la guerra contrainsurgente que tuvo lugar en la década de los ochenta.
En 2007, en Barillas se realizó una consulta comunitaria en la que más de 46 mil personas rechazaron los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Sin importar la opinión de las comunidades, el gobierno de Guatemala autorizó un año después el proyecto Canbalam I a la empresa española Hidro Santa Cruz, S. A.
El Consejo de Pueblos de Occidente, integrado por varias organizaciones y comunidades que defienden el territorio, hizo un recuento de daños sufridos por la población de Barillas: el asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel, las lesiones de bala contra dos vecinos (Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé), diez detenidos acusados de terrorismo, así como 23 órdenes de captura más contra lideresas y líderes comunitarios.
Actualmente se sigue proceso contra dos empleados de la empresa española como presuntos culpables de la agresión a tiros que sufrieron los líderes comunitarias arriba mencionados.
América Latina
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