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Por Luisa F. Rodríguez
 
La contracción del mercado laboral por la recesión económica en EE. UU., el aumento de las deportaciones, las dificultades para atravesar México y el endurecimiento de la legislación contra los indocumentados son los principales problemas que afrontan los migrantes guatemaltecos.
Desde ayer tiene lugar en Guatemala un encuentro parlamentario sobre la situación migratoria en EE. UU., en el cual participan legisladores guatemaltecos y mexicanos, y líderes de migrantes, quienes resaltaron que la coyuntura económica y el endurecimiento de la legislación en ese país han causado que la situación para los indocumentados sea “realmente grave”, por lo que promueven que autoridades emprendan acciones para paliar el problema.
El legislador Edmundo Ramírez, miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de México, denunció la crítica situación de los migrantes en suelo mexicano, a quienes no se le respetan sus derechos, y en EE. UU., donde cada día se incrementa la persecución contra quienes no tienen documentos.
“Nuestras comunidades están en riesgo, porque dependen de las remesas”, dijo Ramírez.
Los invitados al Encuentro añadieron que en EE. UU. —después del atentado terrorista el 11 de septiembre del 2001—, la legislación contra los indocumentados se ha endurecido; esto ha golpeado su economía, porque las fuentes de trabajo se han reducido y el número de deportados se ha incrementado.
Walter Sergei, asistente de gerencia de Banrural, confirmó que esos problemas se ven reflejados en la desaceleración del crecimiento de las remesas, y vaticinó que es sólo el comienzo de la recesión en EE. UU., que las consecuencias que se esperan quizás sean más graves a futuro, si las deportaciones continúan y las plazas de trabajo siguen siendo reducidas.
Los dirigentes de migrantes Marlon González, de Florida; Julio Villaseñor, de Los Ángeles; Marcos Fernando Yax y Carlos Gómez, de Chicago; David Quiroa y Juan García, de Rhode Island, pidieron a las autoridades acelerar el trabajo de la Comisión Nacional de Atención al Migrante y tomar acciones en favor de los indocumentados.
Comentaron que el año electoral en EE. UU. dificulta que el Congreso y el Senado aprueben alguna reforma migratoria, aunque sí se puede favorecer la discusión del tema.
María Eugenia Morales de Sierra, procuradora adjunta, afirmó que las autoridades guatemaltecas en EE. UU. no tienen presupuesto ni personal necesarios para colaborar con los connacionales.
Informó que en lo que va del año, sólo en Nueva York se ha recibido información de 50 personas fallecidas en el camino a EE. UU. que no han sido identificadas, por falta de pruebas de ADN.
“Los consulados no tienen ni el personal ni los recursos necesarios para atender a una población tan grande que no tiene documentos”, aseguró De Sierra.
Lester Reyna, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, destacó que el país no cuenta con política de Estado que garantice la defensa de los migrantes y permita hacerle frente a esos problemas.
“Por eso estamos hablando con los diputados mexicanos; es urgente unificar trabajo ante esa coyuntura que golpea a toda la economía nacional, porque los guatemaltecos que viven en EE. UU. enviaron el año pasado US$4 mil millones, y eso es fundamental para nuestra economía”, explicó Reyna.
Los compromisos entre las autoridades de ambos países serán dados a conocer hoy en conferencia de prensa, junto a dirigentes de migrantes, quienes serán testigos de honor.
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