Guatemala, 25 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó hoy, en una decisión sin precedentes, la inmediata destitución del ministro de Educación, Bienvenido Argueta, por haber desobedecido un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Como consecuencia de tal desobediencia, la destitución ‘ipso facto’ de Bienvenido Argueta del cargo de Ministro de Educación tiene efecto a partir de esta misma fecha”, dijo a los periodistas el presidente del Constitucional, Francisco Flores.
La resolución del máximo tribunal del país también ordena al Ministerio Público (Fiscalía) iniciar de inmediato una investigación en contra de Argueta, para determinar si, al desobedecer el fallo de la CSJ, incurrió en algún delito de carácter penal.
La Corte Constitucional respondió a una queja presentada días atrás por la diputada opositora Nineth Montenegro en contra de Argueta, por negarse a entregarle la información detallada sobre los beneficiados del programa “Mi Familia Progresa“, uno de los proyectos impulsados por el Gobierno para combatir la pobreza.
Ese plan consiste en la entrega mensual de remesas condicionadas a miles de familias pobres del área rural del país, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y a los centros de salud.
Montenegro exigió desde el año pasado a Argueta los listados completos de los beneficiarios de “Mi Familia Progresa“, incluyendo los nombres, números de cédula de identidad, montos recibidos y dirección exacta de sus residencias para fiscalizar los recursos utilizados por el Ejecutivo en este programa.
Sin embargo, el ministro, aduciendo que se trata de “información confidencial”, se negó a entregar a la legisladora los números de cédula de identidad y direcciones de los beneficiarios, y sólo le envió los listados con sus nombres.
La resolución de la Corte Constitucional, según su presidente, debe ser acatada “de inmediato” por el presidente Álvaro Colom, ya que es inapelable.
El Gobierno no se ha pronunciado aún al respecto.
Esta es la primera vez en la historia reciente del país que el Constitucional ordena la destitución de un ministro.
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