Sectores preocupados por falta de autoridades en cinco municipios, entre ellos Barillas.

A causa de la falta de subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en cinco municipios, y juzgados en la parte norte de Huehuetenango, por distintos conflictos, delegados de los derechos humanos, pobladores y líderes comunitarios se encuentran preocupados porque la violencia podría tener un repunte. Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aseguró que se violenta el derecho humano que los huehuetecos tienen de acceder al sistema judicial y a la seguridad pública, que se garantiza en la Constitución Política de la República.

Agentes de la PNC de Santa Eulalia, Huehutenango,limpian subestación que destrozó turba. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Añadió que Santa Bárbara, San Gaspar Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, Santiago Chimaltenango y Santa Cruz Barillas carecen de presencia de las fuerzas de seguridad, lo que ha creado un ambiente de ingobernabilidad en algunos, y refleja un total irrespeto a las autoridades respecto de la toma de decisiones. “Preocupa esta situación porque se pone en riesgo el derecho humano al orden e integridad de la población en estos municipios, y pudiera contribuir a que haya incremento este año en los índices de hechos delictivos”, explicó. Villatoro aseguró que al no haber autoridad ocurren robos y hurtos de motocicletas y vehículos, asaltos a mano armada, escándalos en la vía pública, extorsiones, secuestros y homicidios, entre otros delitos, derivados de la ausencia de la PNC. Juzgados Señaló que la mayor preocupación es que las instalaciones de los juzgados del Centro de Administración de Justicia, en Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, están abandonadas, lo que dejó sin presencia institucional a la región norte del departamento. “Lo desafortunado es que esto se debe a acciones derivadas de las mismas poblaciones, que han puesto en riesgo la integridad del personal de estas instancias”, dijo. Vayron Herrera, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), resaltó que es preocupante la vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos que no tienen PNC ni Organismo Judicial (OJ), con la conflictividad que ha existido, particularmente del norte, donde el personal se ha retirado, y esto impacta en la seguridad. Agregó que ha habido coordinación con algunas instancias, pero no se tiene información de cuándo pueden regresar los operadores de justicia a estas zonas. Pese a ello, reconoció que ha habido casos como San Gaspar Ixchil, donde nunca han tenido PNC pero es necesaria. Gobernación Según el gobernador, Keneth Mérida, la ausencia de instituciones como el Ministerio Público (MP), Defensa Pública y juzgados tiene un impacto en la región, porque las poblaciones están acéfalas en cuanto a seguridad, y a pesar de que se han solicitado a las instancias correspondientes, no hay respuesta. Mario Estuardo Feliciano, jefe de operaciones de la Comisaría 43, refirió que hace falta recurso humano para implementar una subestación policial en cada uno de los municipios mencionados, y no se puede debilitar una para crear otra. Agregó que es importante que los pobladores cambien su actitud y busquen el diálogo ante cualquier problema. Causas de conflictos En junio del 2002, agentes de la PNC y personal del Juzgado de Paz abandonaron Santa Bárbara, luego de que se negaron a entregar a una turba dos cuatreros que pretendían linchar. En Santiago Chimaltenango, en diciembre del 2005, por evitar un linchamiento los policías debieron dejar ese poblado. Protestas contra el Tratado de Libre Comercio generaron enfrentamientos en marzo del 2005 que terminaron con la salida de la Policía de San Ildefonso Ixtahuacán. La retención de personal del OJ, MP y Defensoría Pública motivó que funcionarios abandonaran el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia y el juzgado de Barillas, de donde, además, fue expulsada la PNC. Causas de conflictos En junio del 2002, agentes de la PNC y personal del Juzgado de Paz abandonaron Santa Bárbara, luego de que se negaron a entregar a una turba dos cuatreros que pretendían linchar. En Santiago Chimaltenango, en diciembre del 2005, por evitar un linchamiento los policías debieron dejar ese poblado. Protestas contra el Tratado de Libre Comercio generaron enfrentamientos en marzo del 2005 que terminaron con la salida de la Policía de San Ildefonso Ixtahuacán. La retención de personal del OJ, MP y Defensoría Pública motivó que funcionarios abandonaran el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia y el juzgado de Barillas, de donde, además, fue expulsada la PNC.

Fuente: Prensa Libre

Jimmy Morales cambia bolsas de alimentos por tarjetas de crédito

José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo Social informó esta mañana que la medida cobrará vigencia a más tardar en tres meses. Por ahora se definen detalles de logística y costos. El gobierno no ha profundizado en cómo fiscalizará que los guatemaltecos más pobres reciban en realidad los beneficios.

Moreno asegura que son 175,000 las familias que recibirán recargas de Q280 y Q300 en tarjetas de crédito para canjear mes a mes por alimentos en abarroterías certificadas en los departamentos con mayores índices de pobreza. El Ejecutivo mantiene negociaciones con la firma de servicios de pagos electrónicos VisaNet que tendría a su cargo la red de pagos.

El padrón de beneficiados está siendo depurado. Dice el ministro que con esta acción gubernamental se suprimirán a los intermediarios que politizaban las bolsas de alimentos implementadas por primera vez por el Gobierno de Álvaro Colom. Al eliminar a los intermediarios, se acabarían las presiones sobre quienes reciben los alimentos que muchas veces son obligados a afiliarse a partidos políticos o chantajeados para favorecer a funcionarios y servidores públicos.

Muchas dudas giran sobre esta medida, por ejemplo, los protocolos de seguridad utilizados para que los beneficiarios analfabetos y los más pobres no sean estafados y la fiscalización y control a los locales. Esto aún no se puede saber dice el ministro pues a penas, llevan 12 días en el cargo público y no recibieron información adecuada de las carteras durante la etapa de transición.

Fuente: Guatevisión